Reclama más dinero la narcoguerra

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Felipe Calderón advirtió la semana pasada que para inyectarle más recursos a la guerra contra el crimen organizado, habrá de resasignarle montos de otras dependencias o de otro modo propondría la aprobación en el Congreso de un impuesto de guerra a los mexicanos para asignánselo a la que ya muchos llaman la  narcoaventura sexenal. Dijo además que hasta el último día de su mandato, mantendrá al Ejército en las calles.

Agregó que es necesario identificar aquellos programas que no han dado resultados y determinar la viabilidad de reasignar esos recursos a la seguridad. Añadió que “dotar de mayores recursos a la Federación, a los estados y a los municipios en la lucha contra el crimen, es importante, pero no será suficiente, tampoco, para ganar esta batalla. Se necesitará también el ejercicio eficaz y eficiente de esos fondos”, reconoció el titular del Ejecutivo federal.

Al respecto, los legisladores en el Congreso han empezado a responder que sí estarían dispuestos a elevar dichos montos, pero a estados y municipios solamente. De paso muchos se preguntan en dónde está, en serio, el dinero que se decomisa a cada rato al crimen organizado, el cual oficialmete se anuncia que va a parar al erario a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que depende de Hacienda.

Habrá que ver si la oposición, empezando por el priísmo que tiene la sartén por el mango en el Legislativo, está de acuerdo en que haya reasignación de recursos para que la federación continúe la guerra contra el crimen organizado, o que estén dispuestos a aprobar la iniciativa de un impuesto de guerra, ya que en cualquiera de los dos casos la factura la habrían de pagar los mexicanos que ni vela han tenido en ese entierro.

Resulta obvio que los asesores de guerra del mandatario panista le han pedido que involucre a todos los sectores de la sociedad y a la clase política como corresponsables de esa lucha, a lo cual se resisten porque no quieren cargar con la tremenda herencia de los miles de muertos que la misma habrá acumulado al término del sexenio, si tan sólo  hasta ahora el saldo llega casi a los 30 mil decesos.

Fuera del discurso oficialista que habla de una supuesta recuperación que la gente no percibe en sus bolsillos, menos con los incrementos a las gasolinas que son los más inflacionarios, los mexicanos se preguntan si aparte de esa guerra contra los capos de las drogas y del crimen, habrá tiempo en lo que resta del sexenio de medio reactivar la economía y la creación de empleos, entre otros importantes rubros.

Pese al optimismo oficial que habla de que la guerra la va ganando el gobierno, los hechos rebaten esas afirmaciones con casos como el sucedido a Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, en donde ha quedado claro, una vez más, la corrupción que existe en las policías locales y federales, que pese a la tremenda colusión que tienen con las mafias, se quieren unificar bajo un solo mando.

En los hechos, los esfuerzos que realizan las fuerzas federales armadas siguen siendo rebasados por las bandas criminales, sin dejar de reconocer que de vez en cuando hay operativos que culminan con éxito, pero que son los menos. Y no es niguna mala ‘percepción’, sólo hay que revisar los diarios para enterarse de lo que acontece en más de la mitad del país todos los días.

La guerra del presidente Felipe Calderón contra los capos del crimen organizado que inició desde diciembre de 2006, ha agotado no sólo a las tropas y mandos de las Fuerzas Armadas y de las policías de los tres niveles de gobierno, sino también los recursos que le han sido destinados a lo largo de casi cuatro años que lleva esa lucha.

Por lo pronto a su ‘Diálogo por la Seguridad’ le hicieron el feo los coordinadores parlamentarios del PRI, PT y PRD. La oposición no quiere que le endilguen corresponsabilidades de un tema que nunca les fue consultado. Esto equivale a que el mandatario panista, así como empezó solo esa guerra, solo acabará. Esa comienza a ser  su gran preocupación. Por si fuera poco, nadie estima pertinente que se apruebe un impuesto de guerra.

Narcoguerra: Batea el PRI a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

En una sesión más del ‘Diálogo por la Seguridad’ el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, insistió en el anhelo de su secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, al señalar que el día en que México cuente con 32 policías estatales y una federal, así como ministerios públicos confiables y eficientes, “ese día estará derrotada la criminalidad”.

Si esa será la tónica hoy con los gobernadores del país –la mayoría priísta– y la representación de la jefatura de Gobierno del DF, la reunión podría acabar como el Rosario de Amozoc. Nadie querrá corresponsabilizarse de una guerra contra las mafias que ni siquiera les fue consultada. Excepto su partido, seguramente todos batearán las intenciones del presidente Calderón, como lo hizo Beatriz Paredes, la lideresa del PRI. O peor.

Por lo pronto la dirigente del partido tricolor no sólo bateó al presidente Calderón en su intención de reprocharle a las fuerzas políticas la falta de voluntad para sumarse a su guerra contra el narcotráfico que sin consultarle a nadie le declaró a las mafias organizadas desde que asumió el cargo en diciembre de 2006, sino de entrada le dijo que lo que se afirma se tiene que probar.

Le increpó que el debate sobre si el gobierno modifica o no su estrategia contra el crimen organizado, “no puede ser un debate maniqueo”, en el que se clasifique “a los buenos” como aquellos que sí quieren combatir al narcotráfico en los términos planteados por el gobierno federal, y “a los malos”, porque no quieren hacerlo siguiendo la ruta que ha tomado el mandatario panista.

Sin predicar con el ejemplo, el jefe del Ejecutivo había exigido a los partidos políticos “ideas claras y propuestas precisas” para mejorar la estrategia contra el crimen organizado. Demandó a los partidos políticos una «sólida y renovada voluntad política» para enfrentar al crimen organizado que representa un «verdadero desafío nacional» y dar cauce a las coincidencias sin renunciar a las diferencias.

Les pidió a sus dirigentes que con su capacidad de influencia, hagan lo que esté de su parte  para integrar una política de Estado, que les «es requerida» hoy por el país, «sin cálculos de vencedores y vencidos». Y enfatizó: «El enemigo son los criminales». Dijo que México está ante una oportunidad histórica de cambiar el destino del país en esta materia.

«Las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política. Lo que daña profundamente a una nación es que la política no pueda trascender esas diferencias. Ha llegado el momento de dar cauce a nuestras coincidencias».El presidente dijo que quiere un México seguro y en paz.

«El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos hace distintos ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos». Calderón reiteró ante líderes partidistas que debe ser una estrategia de Estado, no sólo del presidente, y que está abierto a modificarla y perfeccionarla.

Por su parte, Beatriz Paredes Rangel, manifestó su preocupación porque en lugar de resultados, este tipo de encuentros derive en escenarios construidos con fines mediáticos y electorales. Para los priístas, dijo, la política de seguridad nacional no debe ser tema de debate electoral.

En la reunión de ayer, el turno fue para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde su presidente, Guillermo Ortíz Mayagoitia, dijo que en el sistema judicial no se encubre ninguna actuación ilegal o indebida, pues todas las denuncias son investigadas, y que de 2007 a la fecha en el Consejo de la Judicatura se ha sancionado, por faltas administrativas en diversos grados, a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito.

Sin embargo, muchos mexicanos saben de la corrupción en la cadena procesal de la delincuencia empieza desde que se dan las aprehensiones. Lo cierto es que o falta coordinación o sobran los billetes –o las amenzas que muchas veces se cumplen– lo que da lugar a la vergonzante impunidad en el combate a las mafias organizadas contra un gobierno al que no se le ha visto muy organizado que digamos.

Narcoguerra: Empieza la desesperación

PAULINO CÁRDENAS

El presidente Felipe Calderón, quien le declaró la guerra a las mafias organizadas en diciembre de 2006 sin que mediara consenso alguno con las instancias a las que hoy convoca, quiere a toda costa corresponzabilizar a toda la sociedad de la pesada carga de víctimas que empieza a rozar las 30  mil muertes en lo que va del sexenio, y de hecho pretende compartir ese trágico legado con todo el Estado, justo cuando empieza el conteo regresivo de su administración, el sexenio de la narcoguerra.

La realización del ‘Diálogo por la Seguridad’ era para eso, pero la clase política no atendió el llamado, por lo que le tocó la primera crítica presidencial. El mandatario panista busca cambiar los términos que durante tres años y medio ha venido machacando de que esa guerra era un reto de su administración contra las mafias, que él personalmente encabezaría esa lucha, que combatiría a los capos con todo el peso del Estado apoyado en las fuerzas federales armadas, ufanándose de que sería una guerra frontal y sin retroceso contra ese flagelo.

Desde entonces culpaba a Estados Unidos de ser el primer consumidor de drogas del mundo –que lo es– y de no evitar la venta  indiscriminada de armas que acaban en territorio mexicano; advertía que su guerra contras las mafias sería larga y que esa lucha cobraría muchas vidas, como ha sido. Ahora el discurso cambió: no quiere que se le llame ‘guerra’, tampoco acepta que fue una decisión unilateral en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y matiza ahora y dice que ya no es una lucha contra los narcos y los capos, sino que es un esfuerzo conjunto contra la inseguridad.

Ahora la estrategia que le recomiendan sus asesores es el de involucrar en esa guerra a la clase política, a la sociedad, a los intelectuales, a los dueños y concesionarios de medios de comunicación escritos y electrónicos, y hasta a las iglesias, empezando por la Católica que se rige por los mandatos del Estado Vaticano y no del Estado mexicano. Quiere que aprovechando la confesión de sus pecados, los curas delaten a los presuntos narcotraficantes.

Hoy, el ansia, el nerviosismo y la preocupación es porque la historia podría adelantar su juicio para con su administración, cuya única prioridad ha sido la narcoguerra, por lo que su equipo de seguridad le están urgiendo la estrategia de cargarle al Estado la factura. Para Calderón esa guerra ha sido la prioridad de su gestión.

Los otros rubros los atiende coyunturalmente o los delega en funcionarios que no tiene mucha tela de dónde cortar o a quienes les ha quedado grande la encomienda. Por eso la pésima situación económica de millones de familias que para nada mejora, ni se cumplen las expectativas de empleo para miles y miles de gente sin trabajo que hay en el país, ya no se diga en el campo mexicano. Por eso la pobreza en el país va en aumento.

Se pretende gobernar  con discursos, pero los mexicanos ya conocen de sobra lo que encierra la retórica, el bla, bla, bla del panismo que fue aprendido puntualmente de la vieja escuela del priísmo. Por eso el equipo que le asiste en materia de seguridad y el combate al crimen organizado le está apurando a que exhorte a toda la sociedad a hacer un pacto y la lleve a que compre un boleto que en estricto rigor no es suyo. Quieren que reparta responsabilidades y culpas antes de que sea demasiado tarde. Sólo le quedan dos años para tratar de endosar las cuitas de esa cruenta guerra, donde la clase política de oposición se seguirá haciendo la remolona y por supuesto no aceptará ni el endoso ni la corresponsabilidad.

El priísmo, que está seguro de llegar nuevamente a Los Pinos, no quiere asumir la Presidencia con  herencias de esa naturaleza, dado que las cifras de víctimas, al finalizar el sexenio y al paso que va, podría superar las 60 mil muertes. Y nadie, ni el PAN-gobierno, quiere cargar con esa descomunal cifra que al final de la película será histórica y signo del sexenio calderonista.

Es un legado demasiado pesado para una administración que querría borrón y cuenta nueva con respecto de un panismo que para cuando termine Calderón, para muchos acabará siendo otra ‘docena trágica’ que haya vivido el país, en 100 años de Revolución y 200 de Independencia. Para muchos el ‘Diálogo por la Seguridad’ está destinado al fracaso, como lo han sido las anteriores reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que ni siquiera se cumplió el ‘si no pueden (con la inseguridad) reuncien’.

Preocupa en Washington narcoguerra

PAULINO CÁRDENAS

La ola de violencia en el combate al narcotráfico y el crimen organizado que sostienen las fuerzas federales en diferentes plazas de la República se ha incrementado, pero por parte de los sicarios que están a las órdenes de las mafias se ha radicalizado, lo que preocupa no sólo a las autoridades mexicanas en donde el presidente Felipe Calderón quiere que la sociedad haga suya la narcoguerra –que algunos llaman ‘narcoaventura’– que él desató, sino que también preocupa al Departamento de Estado norteamericano.

Los asesores militares del presidente Barack Obama le han hecho saber en un informe que temen que la vulnerabilidad de nuestras fronteras –refieren especialmente la del sur  colindante con Guatemala– sean puertos de entrada por donde pudieran pasar terroristas pertenecientes a grupos extremistas islámicos, para luego internarse en territorio norteamericano. No hay que olvidar que el fantasma de Osama Bin Laden y de Al Qaeda los persigue desde el 9/11.

Algunos especialistas coinciden en señalar que el narcotráfico y el terrorismo ahora trabajan de la mano. Esto tiene alarmadas a las autoridades de allá y de acá. En Los Pinos están preocupados y no es para menos. Por lo pronto Obama autorizó el envío de tropas de la Guardia Nacional a su frontera común con México, presuntamente para interrumpir el flujo de armas ilegales y de dinero que, según Washington, nutren la narcoviolencia en la zona.

En tanto el Departamento de Estado de plano dejó de ocultar su preocupación ante los últimos acontecimientos sucedidos en México en el combate al narcocrimen, al ver que esa lucha ha entrado, por parte de los sicarios, a una peligrosa etapa de incorporación de tácticas guerrilleras como el estallido de coches-bomba, el uso de lanzacohetes, además de ejecuciones, secuestros, incendios, bloqueos de calles y avenidas.

Ante la desesperada lucha que llevan a cabo las fuerzas federales contra las mafias del crimen organizado que operan en México, cuyo esfuerzo se ha tenido que multiplicar para detener su avance, EU teme que organizaciones terroristas internacionales penetren en cualquier momento a su territorio usando como puente a nuestro país, aprovechando las ‘vulnerabilidades potenciales’ en las ‘capacidades policiales’ mexicanas que ve en nuestro territorio.

Por todo ese preocupante panorama, Calderón accedió a realizar una serie de reuniones con diversos grupos sociales, dueños de medios y líderes religiosos en el Campo Marte bajo el rubro ‘Diálogo por la Seguridad’, que en teoría llevan el propósito de establecer acuerdos para hacer un frente común gobierno-sociedad y buscar esquemas que permitan detener el avance de ese flagelo.

Todos creían que el diálogo iba a ser de intercambio de ideas, hablar, opinar y escuchar propuestas, pero quienes participaron pronto se percataron que el Ejecutivo federal tiene una sola idea, que es la de imponer su criterio  –o más bien el de sus asesores de guerra– en cuanto a esa lucha. Más bien lo que busca es que la sociedad en su conjunto haga suya esa cruenta lucha en la que se metió unilateralmente desde diciembre de 2006, de la cual es evidente que ha rebasado los cálculos y pronósticos que le vendieron y que él compró.

A las Iglesias, sobre todo a la católica y romana que se rige por diposiciones del Estado Vaticano y no del Estado mexicano, pide a sus representantes que cuando lleguen al confesionario los sicarios, narcotraficantes o capos de las mafias a confiarles sus pecados y sus cuitas –que suelen acompañar con generosas limosnas–, violen el secreto confesional y los delaten de inmediato a las autoridades.

A políticos y gobernadores les dijo, a unos, que no se hagan guajes y que apuren las adecuaciones legislativas para que haya leyes más expeditas que permitan someter a los criminales al dictado de las mismas para procesarlos y sentenciarlos, y a otros, que no le saquen y que le entren al toro en la narcolucha.

A los comunes mortales les pide que denuncien a todo aquel que parezca sospechoso y le den el pitazo a las autoridades, cuando esa labor deben hacerla el Cisen, el búnker de inteligencia de la SSP federal, la Defensa, Marina y  los gobernadores y alcaldes que, entre otras cosas, en eso se gastan el dinero del erario.

Y a los dueños de medios, concesionarios de radio y televisión y periodistas les exige que no hagan ‘apología’ del delito para que no se cree la ‘percepción’ de que México está inmerso en una ola de violencia, aunque se esté viendo envuelto en un tsunami de iracunda brutalidad. En el fondo, lo que busca Calderón con ese equívoco exhorto a los medios de no hacer ‘apología’ de los acotecimientos de la narcoguerra que él desató, no es tanto la mesura, sino la censura mediática. Los medios publican hechos. Y los hechos ahí están.

Los ataques de los sicarios al servicio del narco y las mafias organizadas son cada vez más radicales, lo que tiene preocupado a Washington donde el Departamento de Estado teme que por México puedan pasar a su territorio grupos terroristas islámicos, por la ‘vulnerabilidad potencial’ de nuestras fronteras, lo que muchos interpretan como un serio reparo; todo eso tiene a Calderón y a sus asesores de guerra contra la pared y nerviosos.

Aún así, nadie cree que cambie de ‘estrategia’: La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado seguirá su curso en los mismos términos como hasta ahora. Lo que busca más bien es repartir responsabilidades y culpas. El próximo jueves se verá si logra su propósito. Ojalá que ese ‘Diálogo por la Seguridad’ no acabe en monumental discusión.