Un Gobierno despilfarrador

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón y que se las dá de ser austero en el ejercio del gasto público y de ceñirse estricamente a lo que marca la ley sobre la aplicación del presupuesto federal, quedó exhibido por Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación que depende del Congreso, al señalar una serie de anomalías, sobregiros, irregularidades y gastos fuera de nómina de sus dependencias, lo que coloca a esta adminsitración entre las más despilfarradoras que ha tenido México, por el uso más que discrecional que han hecho de los fondos federales.

La misma historia que tanto criticaba a los priístas sobre el abuso del gasto público es en lo que ha caído el gobierno calderonista. Los abusos e irregularidades se han dado lo mismo en el IMSS con Juan Molinar Horcasitas a la cabeza, que en el IFE en donde hay una danza de millones que no se auditan, como en inútiles obras como la ‘Estela de Luz’ donde la ASF detectó un sinúmero de irregularidades al analizar la Cuenta Pública 2010, junto con los gastos para los fastuosos festejos del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia donde privó la opacidad y que para nada sirvieron.

Mucho es el dinero del erario público que el actual gobierno ha botado, mientras que dice no tener recursos para las urgentes necesidades que padecen millones de mexicanos como el problema de las sequías y las heladas que han dejado a miles de mexicanos en la vil inopia, y en donde para soltar la ayuda hay regateos y excusas, pero eso sí, no hay restricción alguna para obras que tienen sobregiros e irregularidades y para gastos fuera de nómina que se van en pachangas, opíparas comilonas, vinos, bebidas, regalos, pagos de famosos artistas, etc., etc., etc.

Otro asunto que fue auditado por esa dependencia de la Cámara Baja fueron los gastos que se generaron con motivo de los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara, Jalisco, donde se dice que hay erogaciones sin comprobar por varios millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), correspondiente a pagos excesivos correspondientes a la construcción de estadios de atletismo, beisbol, canchas de tenis y estacionamientos que se utilizaron durante el evento.

Asímismo, la Auditoría Superior de la Federación consideró pertinente ‘revisar’ el gasto de Comunicación Social de la Presidencia para la promoción de las tareas del gobierno federal, porque resulta “excesivo e irreglar” que en 2010 haya erogado 6 mil 479 millones de pesos, casi el triple de lo que había autorizado el Congreso.  Los auditores hallaron irregularidades en este caso.

Recomendó a la Cámara de Diputados regule las transmisiones de radio y televisión realizadas por internet, sobre todo durante las jornadas electorales que comenzaron desde octubre del año pasado. Pide sanciones administrativas para funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Desarrollo Social, por autorizar gastos de comunicación de manera desfasada y por contratar tiempos comerciales sin antes solicitar tiempos oficiales.

Entre otras cosas la Auditoría Superior pidió al Congreso regular 17 minutos de tiempo en radio con que cuenta el gobierno federal hasta el inicio de las campañas electorales a finales de marzo y principios de abril. A la Presidencia le recomienda videograbar las sesiones de grupo con proveedores, para que efectúen las evaluaciones de sus campañas de comunicación social, y en el caso de las coemisiones, se apliquen medidas de control para evidenciar sus obligaciones.

La realidad es que desde su creación, la Auditoría Superior de la Federación –que se supone es el órgano fiscalizador del Congreso de los gastos que realizan quienes obtienen dinero del erario público–, dista mucho de tener la eficacia que se requiere para supervisar y auditar a cada dependencia sobre los gastos que ejercen, y le han faltado dientes para fincar responsabilidades administrativas ejemplares y promover sanciones pecuniarias y penales contra los servidores públicos responsables del desfalco o daños y perjuicios en contra de la hacienda pública federal.

Por desgracia para los mexicanos a quienes el gobierno les exige el pago puntual de sus impuestos, no tiene cómo obligar a los funcionarios que dejen de saquear al erario público. A la actual administración calderonista, como a la de su antecesor y a las anteriores, la revisión de sus cuentas públicas que le hace la ASF, le viene a hacer lo que el viento a Juárez. Suelen escamotear información u oponen resistencia para entregar documentación completa de sus gastos, por lo que la ASF se queda chiflando en la loma.

Su actuación sólo ha servido para el escándalo mediático porque el peso político ha podido más que las buenas intenciones de transparentar el gasto público. El gran mal de nuestros tiempos ha sido el saqueo a la nación de los recursos públicos. El uso indebido de los fondos federales es lo que sigue rifando. La impunidad cobija el cinismo y la desfachatez. Lo demás son puros cuentos, por desgracia. Aunque el gobierno calderonista, como los anteriores, se quieran dar baños de pureza.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Alcoholímetro, ¿la solución?

PAULINO CÁRDENAS

Después del desaguisado del martes en San Lázaro quizá la solución sería utilizar el alcoholímetro. La ingesta de alcohol es sin duda la adicción más grave que hay en México. El alcoholismo es un peligro para la sociedad, acaso equiparable a los estragos que ha dejado a su paso la narcoguerra en el país. Su uso y abuso está causando en el país un problema cada vez más creciente, no sólo en cuanto a accidentes automovilísticos que provocan a diario decenas de muertos y heridos a causa de que hay irresponsables que combinan la bebida con el volante, sino porque ese vicio provoca también suicidios y homicidios.

Ese problema hizo mella en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados cuando en plena sesión –cuando se debatía la reforma política que se había aprobado en lo general y que bancadas del PRD, PAN y PT calificaron de “mocha y mutilada”, al considerar que no concede más atribuciones a los ciudadanos, sino que fortalece el poder presidencial, y que su redacción estuvo condicionada a la voluntad de Enrique Peña Nieto–, hubo un exabrupto al que le siguieron otros.

Cuando se discutía acaloradamente la revocación de mandato que al final echaron para atrás los del PRI y Partido Verde, de entre los que sí querían que se aprobara alguno alzó la voz para acusar que las votaciones se hacían en estado etílico por parte de algunos diputados sentados en las curules de la parte de atrás del recinto. La diputada Enoé Uranga, del PRD y Porfirio Muñoz Ledo del PT lo mismo que su compañero de bancada Jaime Cárdenas, pidieron investigar el “ambiente etílico” que según ellos se respiraba en el pleno, en tanto el panista Óscar Saúl Castillo afirmaba que las bebidas corrían “en la bancada de Peña Nieto”.

En respuesta el ganadero de la bancada priísta Julián Nazar se puso de pie y desde su curul gritó:  “Si le hiciéramos un examen de sangre a Porfirio (Muñoz Ledo), 90 por ciento sería alcohol y 10 por ciento botana”. Por supuesto que se armó la tremolina, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a suspender la sesión para reanudarla ayer a las once de la mañana. Pero Muñoz Ledo pidió la palabra para criticar al presidente de la Cámara de Diputados:

“En todos los parlamentos, cuando un presidente de asamblea ve que se le está faltando al respeto a cualquier legislador, debe parar y borrarlo del diario de los debates. Pero nos ocurrió también en la comparecencia de (Javier, secretario del Trabajo) Lozano, que empezó a injuriar a los legisladores”. Pero Chuayffet no hizo caso y levantó la sesión. El propio priísta Nazar ofreció disculpas al petista por ponerlo de ejemplo y pidió a la presidencia que se borrara ese episodio del Diario de los Debates.

Hace unos días se había dado el caso del diputado de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, quien reapareció en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, para apoyar una votación a favor  del PRI sobre la reforma política. Se le vio con el rostro descompuesto, hinchado, en aparente estado etílico o drogado, con la camisa de fuera; como si viniera de una parranda, su intervención fue incoherente y motivó también muchos comentarios negativos en contra del Legislativo.

Según estadísticas sobre el alcoholímetro que fue puesto en marcha en varios entidades del país desde hace varios años, la mayoría de los conductores que son sometidos a esa prueba arrojan un resultado positivo. Quizá una buena medida sería que el Congreso de la Unión instale esa prueba antes de que comiencen las sesiones o al menos cuando los diputados regresen de comer –y también senadores no crea usted– para saber del porcentaje permisible para el manejo, pero para el manejo de los asuntos legislativos.

El estado etílico, dice los especialistas, se puede conocer también por métodos tradicionales como la dilatación de las pupilas, la prueba de nariz-dedo, (que consiste en pedirle a la persona que se toque la nariz con el dedo, tanto con ojos cerrados, como abiertos) o la prueba de Romberg (que mide la alteración a nivel nervioso a través del balanceo de la persona, con ojos cerrados y abiertos) y signos vitales. La ventaja es que ningún lesgilador irían a parar al Torito porque gozan de fuero. Y para cerra la pinza también debería haber una prueba antidoping.

El asunto por supuesto habría que legislarse. ¡Ahí está el detalle! diría Cantinflas. Por lo pronto es un hecho que el consumo de bebidas embriagantes en México no va a cancelarse en ninguno de nuestro estratos sociales ni políticos, a pesar de los graves estragos que causa. El tema no es cosa menor. Pero acaso el alcoholímetro o la prueba antodoping serían soluciones relativas ya que los desencuentros, con o sin ambiente etílico, seguirán en el Legislativo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Ni Peña ni AMLO

PAULINO CÁRDENAS

Unos por una razón y otros por equis motivo el caso es que un grupo de intelectuales, políticos y académicos coincidieron, en un desplegado aparecido este lunes en varios medios, en impulsar, como parte de una anhelada reforma política, la figura de un gobierno de coalición y que en el Congreso haya el compromiso de las bancadas partidistas de configurar mayorías aliancistas que le permitan al próximo Presidente de la República que sus propuestas de reforma sean aprobadas luego de ser analizadas y estudiadas y no se queden en comisiones durmiendo el sueño de los justos.

Los 46 firmantes de ese desplegado hacen hincapié en que, pese a que tienen distintas posiciones políticas y doctrinarias, comparten la firme decisión de consolidar la democracia constitucional en México, para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad. Pero por los tiempos en que sale a la luz ese documento, el trasfondo entraña algo más que una mera coincidencia de propósitos que eventualmente resulta demasiado tardía aunque pudiera funcionar para el periodo 2012-2018.

En la coyuntura la esencia parece estar acorde con lo que no quiere el presidente Felipe Calderón que suceda: que ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador pudieran, por ningíun motivo, llegar a constituirse en los prospectos más fuertes y adelantados de la contienda electoral del 2012 en donde habrá de elegirse al sucesor de Los Pinos. Lo que dice el texto dará pie a que alguno de los firmantes de la clase política, puedan empezar a llevar agua a su molino.

Uno de ellos es el jefe de gobierno capitalino a quien le cae de perlas el desplegado ya que de ahí se agarrará para bordar su nuevo discurso rumbo a su anhelado sueño de ser el abanderado de una supuesta alianza PRD-PAN, con el apoyo de Nueva Izquierda y acaso del propio presidente Calderón que para nada quisiera que el abanderado fuera Lopez Obrador, como se ha quedado de manifiesto en las encuestas serias.

Se da por hecho que si gana PRI, PAN o PRD la Presidencia de la República en 2012 yendo solos con su propio candidato, el huésped de Los Pinos no tendría condiciones para gobernar en solitario y enfrentar los severos problemas que el país tiene, a no ser con mayorías garantizadas en las cámaras. Por ello la propuesta es que, quien quede como ganador sin importar del partido que sea, el resto de los institutos políticos suscriban el compromiso de formar mayorías en coalición en el Congreso y se trabaje sobre las inciativas presidenciales y no queden en el limbo legislativo.

Entre los firmantes está el líder priísta de la bancada de su partido en el Senado, Manlio Fabio Beltrones –de quien se dice es principal promotor de la idea–, el cual considera que con un gobierno de coalición se garantizarán buenos resultados en el Legislativo con respecto de las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo, y de esta manera las políticas públicas que planee se aprobarían en el Congreso sin tanto problema y no habría más gabinetes ‘de cuotas ni de cuates’, sino acuerdos transparentes, ‘porque alejará de iluminados y de quienes creen que este es un juego de habilidades’.

Se dice que una pista de por dónde pudiera andar la ‘bolita’ del trasfondo de ese desplegado de intelectuales, políticos y académicos de diferentes tendencias, aparecido apenas a tres días de que dio inicio formal el proceso electoral del año próximo, fue lo que declaró Calderón en el foro organizado el pasado 7 de octubre por la revista The Econimist, al jefe de a oficina de esa publicación, Tom Wainwright, respecto a cómo ve la sucesión presidencial del 2012.

“Te voy a hablar cómo veo la campaña: un candidato que parece que es invencible…  Un partido que ya se asume como el ganador inefable… Un proceso interno en el PAN realmente democrático e incierto en su resultado y…Finalmente, el resultado es totalmente diferente a lo que la gente pensaba…”

Se supone que estaba refiriéndose a Enrique Peña Nieto, al PRI y al PAN con Ernesto Cordero a la cabeza, ya que para nada sería Santiago Creel ni tampoco Josefina Vázquez Mota. Pero no. Aclaró al interlocutor en tono jocoso: “Estoy hablando de la campaña de 2006”, dijo riéndose. De hecho se refería a López Obrador, a aquel su partido de origen el PRD, y a Santiago Creel que al final quedó fuera de aquella contienda. ¿Por qué Calderón equiparó aquel escenario del 2006 con el del 2012 en ese foro?

Porque quiso mandar el mensaje de que no quiere que Peña Nieto ni AMLO se escapen solos como fuertes y principales aspirantes para el 2012. Y hará todo para evitarlo. Sin duda tendrá aliados en su objetivo, unos gratuitos, pero otros no. Se dice que el mandatario panista está dispuesto a todo para que ni el ex mandatario mexiquense ni el padre de la Morena lleguen fuertes a la contienda. Si es que llegan, dicen los mal pensados.

pcardenascruz@yahoo.com.mx                                                                             Twitter: @paulinocomenta

PRI: mostrará su músculo

PAULINO CÁRDENAS

A cambio de las embestidas que ha venido sufriendo el PRI por parte del PAN-gobierno achacándole todos los males que padece el país y sacando a relucir ‘expedientes negros’ de priístas que supuestamente habrían abusado del poder, el partido tricolor empezará a mostrar su músculo en el Congreso de la Unión. El primer paso será modificar de pe-a-pa el Presupuesto 2012 que envió el jefe del Ejecutivo a la Cámara de Diputados propuesto por el ex secretario Ernesto Cordero, que según diversas voces de legisadores del tricolor ‘distorsionan necesidades económicas, es recesivo, eleva la pobreza y no genera crecimiento’.

Además señalan que el proyecto viene muy difícil para los estados y municipios y le aprieta el cinturón a todos menos al gobierno federal; es excesivamente centralista, le resta potencial de desarrollo a las entidades federartivas y rompe con el sistema federal. Asímismo, alienta los programas asistenciales con la intención de fomentar, por parte del gobierno federal en turno, clientela electoral. Por eso ese proyecto irá para atrás casi en su totalidad. De eso se encargará la bancada priísta en San Lázaro. Pero detrás hay recomendaciones precisas, línea pues, del ‘candidato inevitable’ Enrique Peña Nieto.

Al menos eso le dijo Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, al reportero Roberto Garduño del periódico La Jornada. “La orientación política que recibimos (los diputados mexiquenses) de Peña Nieto fue que tuviéramos un presupuesto equilibrado, que se pensara en el país, que se tratara de conciliar a las partes involucradas y que no se cargara partidistamente, sino en un sano desarrollo que permita el desarrollo del país en su conjunto, porque no se puede aspirar a gobernar un país hecho trizas”.

Dicen que tendrán que acostumbrarse a gobernar con Enrique Peña Nieto, le comentó el reportero. Y el diputado priísta respondió: “Creo que es cierto, porque se la han pasado diciendo que es el diputado 501. Y si es así, como dicen ellos, se tienen que acostumbrar a negociar con él. Pero en la base de negociación de los diputados priístas no vemos al ex gobernador como legislador, sino como un gran líder político del partido”.

Por su parte la secretaria general del PRI, Cristina Díaz, dijo en entrevista con Leticia Robles para el diario Excélsior que su partido en el Congreso va por cambios ‘en el calado en al menos 15 aristas’ del proyecto de Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo, entre los que está el rechazo a la creación del nuevo impuesto al consumo de 5 por ciento, la redistribución de fondos para educación, salud, becas, campo y seguridad, y de un aumento de 97 mil millones de pesos al subsidio para los estados.

La funcionaria priísta agregó que la propuesta federal afecta a 60 programas: a 44 les hace recortes de 98.8 por ciento; a cinco les asigna cero pesos y a los otros 11 los estanca. Por ello, señaló, el PRI se declaró indignado por la propuesta de Presupuesto para el año próximo que deberá ser analizado modificado y aprobado en la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores de la bancada priísta le hará cambios de fondo a rubros fundamentales.

Por su parte Navarrete Prida advirtió sobre los ejes más castigados por el calderonismo: le quita más de 30 mil millones de pesos al campo, baja dinero a educación, desaparece todos los fondos compensatorios a las entidades federativas, disminuye a su mínima expresión los fondos metropolitanos y recorta fondos a 70 programas o los elimina, “haciendo un profundo daño a los mexicanos más vulnerables”, es decir, los más pobres.

Dijo que los legisladores priístas actuarán considerando pilares fundamentales como desarrollo económico, aumento a los recursos destinados a infraestructura, creación de empleo, reactivación económica, fomento al mercado interno y más recursos al campo, que son apoyos directos que permitirían buscar la autosuficiencia alimentaria. “Blindaremos los programas sociales de la tentación del gobierno de ser utilizados electoralmente”, manifestó. Y puntualizó: “Descartaremos que el gobierno federal pretenda hacer una elección de Estado”.

Enfatizó: “Será un presupuesto que generará riqueza mediante inversión en educación y apoyo a jóvenes con más espacios deportivos y comunitarios. Alentaremos el desarrollo de las entidades federativas y municipios, así como el crecimiento metropolitano, con grandes obras y proyectos que unifiquen el proyecto nacional.” ¿Se privilegiará el gasto en seguridad, como plantea el gobierno federal?, se le preguntó:

Y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dejó en claro: “Hemos dicho que se tiene que hacer un cambio en la estrategia gubernamental en materia de seguridad, y ésta pasa no sólo por concentrarnos –como hizo el Ejecutivo federal– en la estrategia policiaco-militar, sino en otros aspectos, como educación, desarrollo económico, cultura y abrir espacios a los jóvenes con educación y oportunidades de empleo”. No cabe duda que en San Lázaro el PRI mostrará su músculo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

El apuro del general

PAULINO CÁRDENAS

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, instó a los integrantes del Congreso de la Unión a que aprueben otra legislación emergente como parte de la Ley de Seguridad Nacional, que defina los márgenes de responsabilidad de mandos y efectivos castrenses en las acciones ordenadas contra el narcotráfico por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y se cierre la brecha de vulnerabilidad de efectivos y mandos militares ante posibles acusaciones por violaciones circunstanciales o deliberadas de derechos humanos contra civiles, mismas  que pudieran cobrar relevancia ante tribunales internacionales al término del sexenio o antes.

De por sí ya hay preocupación entre las filas castrenses por el reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las violaciones de militares contra los derechos fundamentales de civiles tendrán que dirimirse en tribunales del fuero común y no militar, lo que resultó un coto contra las Fuerzas Armadas que, aunque deberá ser acatado ese ordenamiento, en voz baja los mandos se han venido quejando de que, si bien deben cumplir las órdenes de sus superiores contra la criminalidad organizada –un rol que constitucionalmente en estricto rigor no les corresponde–, requieren también de que se les defina legal y constitucionalmente su ámbito de responsabilidades.

No necesariamente querrían una patente de corso para actuar contra la delincuencia organizada pero sí que tengan la certeza de que en el recuento final de la fallida guerra contra el narco al término del sexenio, no sea el Ejército la única instancia que cargue con la gave responsabilidad de pagar los platos rotos de esa necia lucha que ha dejado alrededor de 55 mil muertos y desaparecidos en casi cinco años de lucha, la cual sin medir sus consecuencias fue lanzada por el Presidente desde que asumió el cargo en diciembre de 2006.

El apuro del general no es gratuito. Es porque el tiempo sexenal sigue corriendo y se acorta cada vez más y, como en el caso de su jefe supremo, no quiere que ante los ojos de la sociedad, que siempre ha manifestado admiración y respeto por el Ejército mexicano y en general por las Fuerzas Armadas, éstas se vayan por los suelos a la hora de repartir culpas, sobe todo cuando venga el parte de guerra final.

Por ello, durante la ceremonia de apertura y clausura de cursos del sistema educativo castrense celebrada en el Heroico Colegio Militar, el general Galván señaló: “No es una obstinación; es una necesidad ingente” regular la actuación de los militares en labores de seguridad pública.

Es obvio que para él y los demás mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, resulta necesario definir cuanto antes los términos de legalidad en lo que respecta a la actuación de los efectivos castrenses designados para combatir a los sicarios de las mafias, pero también para que se demarque el grado de responsabilidad de su actuación bélica, ya que los soldados de tropa y militares de grado están adiestrados primordialmente para aniquilar al enemigo y no para andarse por las ramas cuando lo tienen enfrente.

Sin embargo, los efectivos castrenses eventualmente son acusados de violar los derechos humanos y garantías de la población civil cuando están de servicio antes, durante o después de las incursiones y escarceos armados que se dan a diario en distintas partes del país, lo cual ha sido documentado por familiares de las víctimas o por estas mismas, quienes son atendidas a través de la Comsión Nacional de Derechos Humanos o por los organismos no gubernamentales internacionales avocados para ello.

Lo que apruebe el Legislativo sería estrictamente observado por ese instituto armado ha dicho el general secretario, ya que lo que importa es que los elementos de las Fuerzas Armadas tengan certidumbre jurídica de sus actuaciones y un marco de referencia legal para no correr el riesgo de actuar fuera de la ley.

Habrá que ver si esta vez los diputados priístas le hacen caso al general Galván, porque hace unos meses, casi al final del anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso, de manera soterrada surgieron dichos en el sentido de que diputados priístas habrían recibido amenazas de que, si no aprobaban la minuta como lo había hecho el Senado de la República, saldrían a la luz ‘expedientes negros’ de personajes del tricolor que estaban siendo preparados por la PGR, como de hecho sucedió después de posponerse la aprobación.

No obstante, para quienes han venido criticando la militarización del país, consideran que esa presión del Ejército al Legislativo es con el fin de tener manga ancha bajo el amparo legal, no sólo en sus acciones contra los capos y sus sicarios, sino para actuar con toda libertad contra las amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, incluido tomar el mando si se llegara a decretar el estado de excepción en cualquier entidad de la República ante el acoso de los delincuentes organizados o del  narcoterrorismo.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

La guerra por el dinero

PAULINO CÁRDENAS

Hay un pleito casado entre el PRI y el PAN por la reforma que pide el tricolor a la Ley de Coordinación Fiscal que contribuiría a otorgarle más recursos a estados y  municipios. Este será el tema central del debate una vez que comiencen los trabajos legislativos para discutir, analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el 2012, año de elecciones, no sólo para votar por el nuevo Presidente de la República a nivel federal, sino de las que habrá en otros estados del país para elegir  gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jefe de de Gobierno del DF y jefes delegacionales.

Lo cierto es que los dineros del erario siempre han sido usados caprichosamente para el dispendio de los influyentes personajes de la clase política de los tres niveles de gobierno –mandatarios, ediles, legisladores, funcionarios públicos, líderes partidistas, ilusos precandidatos, miembros del gabinete o Presidente de la República–, quienes gastan millones y millones de pesos para promocionar su imagen más que para cumplir cabalmentes con su aplicación en obras e infraestructura y bienes y servicios a favor de la ciudadanía, aunque en sus informes eso digan.

Un botón de muestra, entre muchos miles de dispendios, despilfarros y corrupción que se dan en el país con dineros del erario, es el de los recursos públicos que se usaron, por parte del gobierno federal, para el famoso monumento ‘Estela de Luz’, en donde de manera vil y descarada mucho de ese dinero fue a parar a cuentas bancarias de los funcionarios involucrados en ese proyecto, lo que ha tenido que reconocer incluso el titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

Aunque hay exrañas excepciones de gente honesta y bien intencionada, los políticos andan siempre en busca del voto para llegar al poder y administrar los recursos que el sistema mexicano les otorga, olvidándose de cumplir sus promesas con el pueblo que los llevó al cargo y utilizando los recursos públicos para asuntos que nada tienen que ver con su gestión, amparados en la impunidad que les da el hecho de no ser auditados ni tener quien les exija rendición de cuentas. El 2012 es pues, ocasión propicia para pelear en el Congreso, a muerte si es necesario, por más talegas de dinero público.

La iniciativa de reformar la Ley de Coordinación Fsical fue del dirigente del tricolor, Humberto Moreira, la cual ha sido secundada por el coordinador de la bancada priísta en la Cámara Alta, Manlio Fabio Beltrones. Al respecto el panista José González Morfín, dijo “no” a una reforma en este sentido y se pronunció porque se saque de la congeladora una iniciativa del senador Fernando Elizondo, que propone “regular” las finanzas de los estados, lo que evitaría endeudamientos y generaría rendición de cuentas y transparencia por parte de gobiernos y municipios.

Los priístas han coincidido en señalar que el dinero que les otorga la Federación a los estados y municipios no les alcanza. Los recursos que se les detina a las entidades no son suficientes, señaló el senador Beltrones, en tanto que el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, anticipó que al comenzar el periodo ordinario de sesiones el próximo primero de septiembre, el tricolor presentará su propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.

Al pronunciarse por incrementar los recursos para gobiernos y muncipios, Moreira había acusado hace unos días a las dos administraciones federales panistas, de castigar las finanzas de los estados de la república, en tanto se han incrementado en 30 por ciento el pago de sueldos y prestaciones de los altos funcionarios. El dirigente priísta justificó el endeudamiento millonario de algunos estados al asegurar que éste se utiliza para construir infraestructura y obra pública.

Aseguró que los créditos en las entidades son necesarios para enfrentar la “inequitativa distribución del presupuesto” y garantizar el empleo y el desarrollo. Rechazó que Coahuila en donde fue gobernador, sea una de las más endeudadas en el país. En rueda de prensa, bajo el título de “Lo que no dice el PAN”, las láminas expuestas por el PRI reflejan que mientras el gobierno federal eroga un billón 300 mil millones de pesos para sueldos y gastos de operación, los estados gastan en infraestructura y obra.

Por su parte Juan Molinar Horcasitas, secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, calificó de ‘inmoral’ –el burro hablando de orejas; remember el caso de la guardería ABC– el hecho de que los gobernadores priístas quieran modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que se puedan otorgar mayores recursos a los estados al permitirles el endeudamiento.

Dijo que el PRI no busca la equidad al querer modificar la Ley de Coordinación Fiscal, sino que es para usarla como “tapadera a sus abusos y despilfarros y pretenden que todos los mexicanos asuman los costos de unos cuantos gobernadores ineptos y derrochadores”. Ni a quién creerle.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

PRI: más ‘lana’ a gobiernos

PAULINO CÁRDENAS

Durante el cónclave priísta del pasado domingo donde acudieron casi todos los gobernadores de ese partido, éstos, junto con el dirigente nacional del tricolor Humberto Moreira quien encabezó esa reunión, acordaron buscar que se incremente la participación presupuestal a los estados y municipios para lo cual propondrán modificar la Ley de Coordinación Fiscal en el periodo ordinario del Congreso que comenzará en septiembre próximo.

Expresaron su molestia por el manejo en la transferencia de recursos que hace el gobierno federal, donde no llega suficiente dinero a las entidades, lo que ha generado el endeudamiento excesivo del que ahora los acusa la Secretaría de Hacienda. Por ello acordaron cerrar filas a fin de “blindar” el paquete presupuestal del próximo año, hacerlo más federalista y evitar que se manipule con fines electorales por parte del gobierno federal para beneficiar a su virtual aspirante.

El PRI hará todo para modificar la distribución de los recursos a los estados, a fin de aumentar esas partidas a las entidades y municipios, además de promover la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y una eventual modificación del IVA ‘a la baja’. Verán también la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal “donde buscamos que se incremente la participación a los estados y municipios”, aseveró el dirigente nacional del PRI.

Explicó que a diferencia de otros años, el PRI ahora negociará el presupuesto ‘en bloque’ donde perfilan eliminar cargas impositivas al sector empresarial como el IETU, y que sólo quede el Impuesto Sobre la Renta para “mandar una señal positiva a  los inversionistas y ser más competitivos como país” como antítesis a lo que busca el gobierno federal, que rechaza de manera contundente la desaparición de este impuesto.

Dijo que una de las quejas de los mandatarios es que el gobierno federal no libera el dinero, y por ello se ven obligados a endeudarse, por lo que el PRI presionará por un presupuesto más federalista en materia de impuestos. Indicó que de cada peso dan 20 centavos a los estados, de los cuales tres van a los municipios, y 17 a la entidad federativa; “lo que buscamos es que se incremente el presupuesto para estados y municipios”, manifestó.

Por su parte el PRD discrepa del PRI en varios puntos torales respecto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. Más que desaparecer, el Impuesto Empresarial a Tasa Única debe aplicarse a sectores donde hay evasión y elusión  como son las grandes compañías y su eliminación para las pequeñas y medianas empresas, que resienten en sus finanzas el cobro de este gravamen, proponen las bancadas del sol azteca.

El diputado Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que el problema de la evasión no se resolverá, aún quitando el IETU y el asunto de fondo es ir contra la desaparición de los regímenes especiales que representarían para el país alrededor de 450 mil mdp. El PRD considera que en el Congreso de la Unión difícilmente se terminaría con las prebendas fiscales para consorcios y corporativos porque el PRI y PAN protegen sus intereses y se niegan a desaparecer el sistema de regímenes especiales.

Señalaron los legisladores perredistas que en el informe que recibieron de parte de la secretaría de Hacienda respecto a ese impuesto, la dependencia no presenta nuevas y mejores alternativas para el IETU ni para el Impuesto Sobre la Renta. Para el senador Tomás Torres es necesario establecer una medida de control para los grandes contribuyentes que es donde hay mayor planeación, mayor evasión y elusión, pero sin afectar el flujo de efectivo por el cobro del IETU.

De siempre los gobiernos suelen no rendir cuentas cabales de lo que ingresan por impuestos y derechos, y lo que gastan cada año. Y esto acaba siendo la mejor arma de negociación para el gobierno federal a la hora de discutir el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos cada año: para que los mandatarios sigan ‘chinos libres’ en sus gastos, sus legisladores se ven obligados a ceder a las propuestas del Ejecutivo federal.

Sólo que esta vez el PRI no sólo tiene la sartén por el mango en el Congreso, sino que este partido ya se ve sacando al PAN de Los Pinos, por lo que no hay duda que sus bancadas van a legislar ‘para lo que viene’.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Lana del narco y votantes

 PAULINO CÁRDENAS

El pobre IFE rico, de suyo una Institución que con el tiempo ha ido perdiendo rumbo, prestigio y credibilidad en cada elección, está atrapado en su propio mal fario. Ahora tiene en contra por dos vías a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que le echa en cara querer usurpar funciones del Congreso con respecto al derecho de réplica, y porque esta agrupación se opone a la nueva disposición de ese Instituto de recortar los tiempos de subida al aire de spots de las campañas de los partidos políticos para las elecciones del 2012.

Ambas instancias en conflicto tiene cada una su razón. El Instituto esgrime argumentos de reglamentación que debe cumplir la industria de la radio y la televisión para las campañas del año que viene. Y la CIRT –organismo que representa institucionalmente a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión del país– rechaza la nueva reglamentación por razones de peculio, ya que esa industria dejaría de percibir cantidades millonarias durante el periodo de campañas previo a las elecciones para la sucesión presidencial al tener que subir al aire los spots de manera gratuita.

El pasado lunes, tras un debate de más de seis horas, el consejo general del IFE aprobó el nuevo Reglamento de Radio y Televisión que reduce los plazos de entrega y difusión de spots de los partidos políticos en tiempos electorales ‘con el propósito de agilizar las campañas, generar debate y variedad de mensajes’ entre los candidatos o institutos políticos, rumbo a la contienda presidencial del año próximo. Se acordó reducir el tiempo de programación de los spots en época electoral de 10 a 4 días, incluyendo las 24 horas que tiene el IFE para “darle luz verde” a contenidos.

Excepto el PAN, los demás partidos coinciden en mayor o menor medida en que el IFE no tiene la capacidad técnica para procesar los spots de más de 14 mil candidatos a cargos de elección popular, incluidos los de los candidatos presidenciales del 2012, donde se esperan más de 30 mil versiones distintas de promocionales, aunque otros hablan de que no son miles sino de millones de spots que deberán distribuirse, programarse y subir al aire.

Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante ese Instituto, acusó que el PAN apoya este reglamento porque será ideal para que, desde ahí, promueva “campañas negras”, pues ahora habrá inmediatez para contestar a una determinada situación en pocos días a diferencia del pasado, donde pasaban al menos 10 días hábiles, que a veces se prolongaban hasta 14 días.

Respecto a la afirmación de que acortar tiempos de programación y puesta al aire de los spots de los partidos políticos, podría ‘poner en riesgo’ las elecciones del 2012, ese Instituto rechazó la aseveración que consideró infundada. Sostuvo que esa normatividad busca dar mayor equidad, transparencia y certeza a todos los involucrados en esas elecciones e incluso facilitará el cumplimiento de la transmisión en tiempo y forma de los promocionales y spots de los partidos.

En cuanto al tema de derecho de réplica Leonardo Valdés había señalado que “a partir de la tesis relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta institución encauzará hacia procedimientos especiales sancionadores las quejas que presenten los ciudadanos cuando consideren que ha sido vulnerado su derecho de réplica”. Esto fue interpretado por la CIRT como la pretensión del IFE de una virtual intromisión en un tema que sólo compete al Congreso.

Pero en esas discusiones las partes en conflicto han dejado tres cabos sueltos que les deberían de preocupar: Uno, que no hay voluntad de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados para concretar los acuerdos y consensos necesarios para la elección de los tres consejeros electorales que hacen falta para completar el número de ellos en el IFE con miras a blindar el proceso electoral de 2012 y apostar a que ese Instituto se consolide y no se debilite.

Otro, que el modelo de fiscalización de recursos públicos y privados destinados a las campañas ‘tiene limitantes para detectar el financiamiento del crimen organizado’, según lo confesó el propio titular de ese Instituto, quien dijo que aunque no se le puede considerar como un fenómeno fuera de control, ‘el narcotráfico busca penetrar en las campañas’, obviamente aportando lana.

Uno más, y sin duda el más importante, es que en esa lucha de intereses, a los votantes ni los pelan. Y son los que al final de la película van a determinar muchas cosas, no sólo para el IFE y para los partidos políticos y la radio y la televisión que habrán de difundir las campañas junto con otros medios de información, sino para el futuro de México, porque la ciudadanía ya está hasta la madre de que cada quien quiera llevar agua a su molino a sus costillas.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Extrañamiento a Calderón

PAULINO CÁRDENAS

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó citar a comparecer al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que expliquen lo que quiso decir el jefe del Ejecutivo en Nueva York, sobre vender acciones de la parestatal productora de crudo, un bien que no es privado sino que supuestamente sigue perteneciendo a los mexicanos según la Constitución. Los legisladores, molestos porque no les fue consultada la oferta, le criticaron a Felipe Calderón la ligereza y demagogia con la que, con una visión entreguista hacia Estados Unidos, dejó abierta la posibilidad de que consorcios privados de aquel país compren acciones de Pemex en la Bolsa neoyorquina, como si fuera una empresa privada.

El Presidente, durante su visita a la Gran Manzana, dijo en una entrevista: “La gente y el Congreso deben entender que la única manera de asegurar el futuro es modernizar a Pemex a través de una nueva legislación (…) de una manera similar en la que lo ha hecho Petrobras 10 años atrás”, al tiempo que ponderó que los nuevos contratos para explotar campos maduros dan la flexibilidad para que empresas privadas se inserten en las obras de la paraestatal. Queda pues clara la tendencia e insistencia privatizadora. Los asesores financieros de Calderón le han vendido la idea de que Pemex debe ser como Petrobras, la empresa petrolera de Brasil que ha abierto sus puertas a la inversión extranjera. La idea la ha hecho suya.

La diferencia es que acá primero habría de modificarse de fondo la Constitución, no con reformitas, en la parte corrrespondiente a nuestros recursos peteroleros, aunque ciertamente con los gobiernos panistas de Vicente Fox y del actual mandatario, la tendendecia ha sido la de ir abriendo a contrapelo a Pemex hacia la privatización. Y no han faltado gentes como Javier Jiménez Espriú quien en tono sarcástico escribió en La Jornada que en lugar de un Pemex como Petrobras, México requiere un Presidente como Lula, con lo cual –esto ya no lo dice el académico– si se hiciera una encuesta o un plebiscito no amañado, no es de dudarse que en eso estarían de acuerdo millones de mexicanos.

Aunque la cita para que comparezca el titular de Energía, José Antonio Meade, no se concretó, la del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, se fijó para el próximo 25 de mayo, con la finalidad de que informe sobre los planes que se tienen con la paratestatal en cuanto a la idea de vender acciones en la Bolsa de Valores  de Nueva York y otros pasos que el gobierno panista tiene pensado dar para ir privatizando más a Petróleos Mexicanos en lo poco que le resta al actual sexenio.

Una de las voces que criticó la ligereza con la que Calderón fue a ofrecer en venta acciones de Petróleos Mexicanos a Nueva York, fue la del coordinador de los diputados del PRI, y director de la paraestatal en tiempos de Carlos Salinas, Francisco Rojas. Dijo: “Lo que tenemos que ver acerca de Pemex es evaluar qué han hecho los gobiernos panistas en 10 años”, según consigna una nota del periódico La Jornada.

Agregó el legislador: “Es un desastre que les voy a ejemplificar en dos cuestiones fundamentales: han perdido 800 mil barriles diarios de producción de petróleo y han desperdiciado más de un billón de pesos, más de 100 mil millones de dólares de excedentes petroleros que no están en la infraestructura ni en la inversión del país. Ese es suficiente motivo para que de veras tuviéramos una explicación y una evaluación de la gestión de los gobiernos panistas en Pemex. A mi juicio, es un fracaso lo que han hecho con Petróleos Mexicanos”.

Lo cierto es que, de siempre, el estilo personal de Calderón ha sido el de tomar decisiones unilateralmente, sin consultarle a nadie, ni al Congreso, como si se tratara México de un país sojuzgado bajo un régimen totalitario, y no. Su actitud ha sido reiterada no sólo en el caso de ofrecer en venta acciones de Pemex, sino en otras situaciones, como la de haberle decretado la guerra a un monstruo de mil cabezas como es la de las mafias del narcotráfico y del crimen organizado, la cual ya lo rebasó, y no sabe qué hacer.

Por ello, ahora anda buscando culpables, incluso en el extranjero, dictando línea en Estados Unidos de lo que tiene que hacer su gobierno, su Congreso y su pueblo con respecto al consumo de drogas que, en última instancia, es muy su gusto embrutecerse con estupefacientes. Muchos mexicanos empiezan a ver con mucha preocupación esas actitudes del mandatario panista, ahora injerencista en asuntos que no le competen, lo que quiérase o no, igual que con la fallida estrategia de guerra contra los cárteles que lejos de vencerlos se han empoderado, al final de su administración le serán recriminados.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

¿Chantajearon al PRI?

PAULINO CÁRDENAS

Las cosas se pondrán color de hormiga para el PRI, sobre todo para sus aspiraciones electorales de este año y para el 2012, si es cierto, como lo publicó la revista Proceso esta semana, que el Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priístas vinculados con “actividades ilícitas”, y que varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército en la Ley de Seguridad Nacional, dichos expedientes serían publicados, lo que evidentemente dañaría la imagen del tricolor y de su candidato más adelantado, Enrique Peña Nieto.

De cualquier modo, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro habría decidido ayer mismo no votar en este periodo ordinario de sesiones que concluye mañana, los cambios a la minuta de dicha ley que el Senado había recibido del Ejecutivo desde el año pasado y que había enviado a la colegisladora. Trascendió que pese a que el diputado Alfonso Navarrete había querido empujar su aprobación en este período junto con el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, el acuerdo de la bancada tricolor fue posponer la discusión para retomarlo en septiembre, ‘para no darle armas al PRD’ de cara a las elecciones en el estado de México.

Los diputados federales del PRI tenían la consigna de aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional como la estaba proponiendo el Ejecutivo al Senado de la República, que diera sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y que otorgaría autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permitiría declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Señala la información de Jesusa Cervantes en el semanario Proceso que luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional, terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos legisladores del tricolor los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por la reportera, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer públicamente los llamados “expedientes negros” que se están elaborando en contra de actuales gobernadores priístas por su presunta participación en actividades ilícitas. La reportera del semanario constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

En un largo reportaje la periodista narra pasajes tramo a tramo de cómo se fueron dando las negociaciones y los cabildeos de los personeros de la Secretaría de la Defensa con los legisladores del tricolor en San Lázaro. Luego de un promenorizado recuento de encuentros y desencuentros legislativos, la periodista escribe que el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Como el asunto desde entonces quedó estancado, enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley, señala la información de referencia.

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye mañana sábado 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar. Señala que a uno de los ‘grupos políticos fuertes’ dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, según le revelaron fuentes de ese partido.

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI, según el semanario.

Si esa línea de investigación periodística es cierta, más allá de que se hubiese pospuesto el análisis y aprobación de las reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el tricolor de cualquier modo estaría quedando como rehén del PAN y a expensas del chantaje para sus aspiraciones de julio próximo en el estado de México y para la elección presidencial del 2012.

pcardenascruz@yahoo.com.mx