PAULINO CÁRDENAS
En una sesión más del ‘Diálogo por la Seguridad’ el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, insistió en el anhelo de su secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, al señalar que el día en que México cuente con 32 policías estatales y una federal, así como ministerios públicos confiables y eficientes, “ese día estará derrotada la criminalidad”.
Si esa será la tónica hoy con los gobernadores del país –la mayoría priísta– y la representación de la jefatura de Gobierno del DF, la reunión podría acabar como el Rosario de Amozoc. Nadie querrá corresponsabilizarse de una guerra contra las mafias que ni siquiera les fue consultada. Excepto su partido, seguramente todos batearán las intenciones del presidente Calderón, como lo hizo Beatriz Paredes, la lideresa del PRI. O peor.
Por lo pronto la dirigente del partido tricolor no sólo bateó al presidente Calderón en su intención de reprocharle a las fuerzas políticas la falta de voluntad para sumarse a su guerra contra el narcotráfico que sin consultarle a nadie le declaró a las mafias organizadas desde que asumió el cargo en diciembre de 2006, sino de entrada le dijo que lo que se afirma se tiene que probar.
Le increpó que el debate sobre si el gobierno modifica o no su estrategia contra el crimen organizado, “no puede ser un debate maniqueo”, en el que se clasifique “a los buenos” como aquellos que sí quieren combatir al narcotráfico en los términos planteados por el gobierno federal, y “a los malos”, porque no quieren hacerlo siguiendo la ruta que ha tomado el mandatario panista.
Sin predicar con el ejemplo, el jefe del Ejecutivo había exigido a los partidos políticos “ideas claras y propuestas precisas” para mejorar la estrategia contra el crimen organizado. Demandó a los partidos políticos una «sólida y renovada voluntad política» para enfrentar al crimen organizado que representa un «verdadero desafío nacional» y dar cauce a las coincidencias sin renunciar a las diferencias.
Les pidió a sus dirigentes que con su capacidad de influencia, hagan lo que esté de su parte para integrar una política de Estado, que les «es requerida» hoy por el país, «sin cálculos de vencedores y vencidos». Y enfatizó: «El enemigo son los criminales». Dijo que México está ante una oportunidad histórica de cambiar el destino del país en esta materia.
«Las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política. Lo que daña profundamente a una nación es que la política no pueda trascender esas diferencias. Ha llegado el momento de dar cauce a nuestras coincidencias».El presidente dijo que quiere un México seguro y en paz.
«El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos hace distintos ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos». Calderón reiteró ante líderes partidistas que debe ser una estrategia de Estado, no sólo del presidente, y que está abierto a modificarla y perfeccionarla.
Por su parte, Beatriz Paredes Rangel, manifestó su preocupación porque en lugar de resultados, este tipo de encuentros derive en escenarios construidos con fines mediáticos y electorales. Para los priístas, dijo, la política de seguridad nacional no debe ser tema de debate electoral.
En la reunión de ayer, el turno fue para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde su presidente, Guillermo Ortíz Mayagoitia, dijo que en el sistema judicial no se encubre ninguna actuación ilegal o indebida, pues todas las denuncias son investigadas, y que de 2007 a la fecha en el Consejo de la Judicatura se ha sancionado, por faltas administrativas en diversos grados, a 42 jueces de distrito y magistrados de circuito.
Sin embargo, muchos mexicanos saben de la corrupción en la cadena procesal de la delincuencia empieza desde que se dan las aprehensiones. Lo cierto es que o falta coordinación o sobran los billetes –o las amenzas que muchas veces se cumplen– lo que da lugar a la vergonzante impunidad en el combate a las mafias organizadas contra un gobierno al que no se le ha visto muy organizado que digamos.
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