Hay riesgo de un colapso económico

PAULINO CÁRDENAS

El distanciamiento entre el presidente Felipe Calderón y los líderes de las bancadas priístas en el Congreso que quedó de manifiesto en el pasado ‘Diálogo por la Seguridad’ al que éstos no asistieron, volvió a aflorar esta semana y vuelve a haber críticas y discrepancias por lo que, a una semana de que inicien los trabajos del periodo de sesiones de la 61 lesgislatura que se instalará el próximo 1 de septiembre, las cosas, lejos de mejorar, siguen empeorando.

Al iniciar este lunes su reunión plenaria en Acapulco los senadores priístas aseguraron que hay riesgo de un colapso económico en el país y advirtieron que el gobierno de Felipe Calderón trata de ocultar esa realidad y no sabe qué hacer. Petróleos Mexicanos “va rumbo a la muerte; el IMSS está en virtual quiebra a tal grado que no podrá pagar pensiones en 2012, y al Banco de México lo descapitalizaron”, señalaron.

Dijeron que a escasas dos semanas de que venza el plazo para la entrega del paquete económico para el próximo año, no hay ningún acercamiento del gobierno federal con los legisladores del partido tricolor, que de la oposición son los que tienen la sartén por el mango en el Congreso, y que en sus manos quedará discutir y aprobar la agenda legislativa del periodo de sesiones que se avecina.

El comentario de los senadores priístas sobre la suerte de Pemex, de que ‘va rumbo a la muerte’,  coincidió con el anuncio que hizo el mismo lunes el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, de que México analiza la posibilidad de importar cierto tipo de crudo para el sistema de refinación.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que esta posible importación de crudo dependerá de los precios, y lo más probable es que vaya para las refinerías de Salina Cruz y Madero. La titular de la secretaría de Energía, Georgina Kessel, aclaró que esto no significa que México va a dejar de ser exportador.

“Seguirá siendo exportador neto de crudo, de acuerdo con las cifras que tenemos actualmente”. El asunto tendrá de ser explicado más ampliamente ya que se presta a confusión y críticas, lo que sin duda por un lado será aprovechado por el tabasqueño aspirante a la Presidencia en el 2012, Andrés Manuel López Obrador, y por otro le estaría dándole razón a los priístas sobre la suerte futura de Pemex.

Las fracciones del PRI en ambas Cámaras legislativas anunciaron que trabajarán coordinadamente en los temas principales de la agenda, y que incluso se conformará una comisión bicameral para revisar la minuta, aprobada ya en el Senado, que legaliza la participación temporal del Ejército en el combate al narcotráfico.

Manlio Fabio Beltrones –quien ha insistido en que Felipe Calderón asista al Senado a debatir asuntos de seguridad y otros temas, garantizándole un ambiente solemne, sin faltas de respeto al Ejecutivo–, manifestó que hay dos ejes que no podrán modificarse de la agenda lesiglativa: el referente al respeto irresctricto a los derechos humanos durante los operativos militares, y a la intención de que el mando de éstos recaiga en autoridades civiles.

Todo empezará a concentrarse en la fórmula de ingresos que propondrá el jefe del Ejecutivo al Legislativo para el 2011, en donde, según Felipe Calderón «no habrá una propuesta de alza de impuestos para el paquete fiscal 2011»; por el contrario, dijo, se buscará una propuesta «que no significa reducir impuestos», si no «buscar una propuesta que reduzca enormemente la tramitología administrativa»(¡¿?¡)

Los diputados priístas niegan que en el próximo periodo de sesiones de la 61 legislatura vayan a aprobar el IVA en alimentos y medicinas. ¿Será? Por su parte el mandatario panista trae bajo la manga proponer un ‘impuesto de guerra’ para inyectárselo al combate al crimen organizado, que favorecería a los gobiernos estatales y municipales –la mayoría priístas–, además de la federación. En su momento habrá que ver a qué acuerdos llegan, seguramente por debajo de la mesa.

Guardería ABC, otro crimen sin castigo

PAULINO CÁRDENAS

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.

Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.

A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las  garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.

En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.

Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.

Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de  padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.

Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.

Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.

Corruptelas, amiguismo e impunidad

PAULINO CÁRDENAS

¿Alguien en México cree que habrá castigo para los culpables del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron quemados 49 niños, al ser revelados los nombres de los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal involucrados como responsables en el reporte preliminar de investigación ‘no vinculatoria’ de la Suprema Corte de Justicia?

¿De veras alguien cree que algún día procesarán, ya no se diga penalmente, sino administrativamente a Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS y actual secretario de la SCT o a Eduardo Robinson Bours, ex gobernador de Sonora, entre otros inculpados?

México se ha distinguido en el mundo por ocupar los primeros lugares en los rubros más denigrantes del ser humano y es punto de referencia para hablar de corrupción, secuestros, matanzas sin piedad, piratería, asaltos a mano armada, baja calidad educativa, narcotráfico, crímen organizado y decenas de rubros de los que nuestro país ocupa deshonrosos lugares a escala mundial.

El Presidente cuestiona que se hable mal de México, pero el mal comienza con sus propias autoridades, empezando por las de mero arriba en donde, como quedó demostrado en el caso de la guardería ABC, se repartieron para los cuates y sobre todo las cuatas y familiares de la élite gubernamental, las concesiones que el Insitituto Mexicano del Seguro Social subroga, indebidamente según la Corte.

México desde hace décadas ha sido saqueado por casi todos aquellos que llegan al poder, sea del partido que sea. El tráfico de influencias se da lo mismo en el poder Ejecutivo, en el Legislativo que en el Judicial, en donde el compadrazgo y la cuatachería han privado siempre para saquear a la nación. De eso han dado cuenta cientos de páginas en diarios, libros, reportajes y hasta en encuestas a lo largo de los años. ¿Y?

El saqueo sigue. Y el caso no sólo existe en las concesiones que subrroga el IMSS, sino prácticamente en cada ámbito de la administración píublica federal, estatal o municipal del país, porque aparte de todo, en México no existe la rendición de cuentas ni investigaciones contra quienes saquean recursos de la nación. Y lo mismo ha sido con los gobiernos priístas, que perredistas o panistas. Cada vez que surge un caso de corruptelas o abusos de poder se dice que ‘contra los culpables caerá todo el peso de la ley’. Y nunca pasa nada.

Esta muletilla sólo ha servido para que México se haya convertido en un país de cínicos y desvergonzados, rateros y saqueadores, sobre todo en la cúpula del poder que es en donde se hacen principalmente los grandes negocios, tapándose unos a otros sus cochineros, por lo que los actos de corrupción que empiezan por el amiguismo y el compadrazgo, acaban en vergonzantes abusos de poder que al final son cubiertos por el sagrado manto de la impunidad.

Un ejemplo son las transas que revela el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules Manos Negras El Saqueo de Pemex desde Los Pinos, donde refiere la corrupción panista que involucra a presidente Felipe Calderón y al actual dirigente de Acción Nacional, César Nava. Otro es el escándalo del titular de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien junto con su hermana y su padre reciben recursos de Procampo, ayuda que se supone debería ser para los campesinos más necesitados.

Y si se voltea a ver hacia atrás, entre otros muchos casos está el que denunció Carlos Salinas contra su sucesor Ernesto Zedillo, pero también están las cuitas del propio Salinas de las que dio cuenta su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado. O sea, que no hay a quien irle. PRI, PRD o PAN, es lo mismo.

¿De qué espantarse entonces que a México se le vea como un país de autoridades corruptas si el mal empieza por la cúpula del poder?  Todos los mexicanos saben que es arriba donde principalmente se arreglan los grandes negocios y se otorgan las grandes concesiones. Y si llega a haber problemas, para eso está la impunidad de por medio. México pues es un país de autoridades corruptas, aunque eso le cause escozor escucharlo al presidente Calderón.