¿Qué hacer con el crimen?

PAULINO CÁRDENAS

El artero crimen del sonorense Nepomuceno Moreno, a quien mataron por andar exigiendo el esclarecimiento de la desaparición forzada de su hijo, ha vuelto a exacerbar los ánimos de los mexicanos entre quienes crece el repudio por el incesante baño de sangre que ha dejado miles y miles de muertos en el país de cinco años para acá y por la fallida estrategia presidencial de querer acabar la violencia con violencia, que lo único que ha motivado es una espiral de imparable criminalidad que sigue yendo a la alza.

En todo ese juego diabólico, las armas –la gran mayoría venidas de fuera con la colusión de autoridades que deberían impedir su paso– han jugado un papel primordial ya que unas están en poder de los criminales y otras en las fuerzas gubernamentales civiles y militares que tiene encuentros armados diariamente. La élite del poder –empezando por el Presidente– no tiene por qué preocuparse porque disponen de un séquito de militares, marinos, fuerza aérea y agentes armados y viajan en vehículos blindados para preservar su integridad física, y nada les cuesta porque todo es con dinero del erario.

Pero esto no sucede con la gente común y corriente, la cual está inerme y sometida a la suerte de su propio destino. Esa que se joda. Ya se vio que los que carecen de ellas están a la buena de Dios, como ha sucedido con el caso de don Nepomuceno Moreno que formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a quien por andar clamando ayuda a las autoridades locales y federales para saber de la desaparición de su hijo Jorge Mario que sufrió desparición forzada, lo mataron en Hermosillo.

También está el vergonzoso y doloroso caso de la activista Marisela Escobedo Ortiz quien fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras colocaba una manta para exigir justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años de edad. Las autoridades se han hecho tarugas hasta ahorita sobre esos dos crímenes.

Y otra historia igual de dramática fue la de Leopoldo Valenzuela Escobar, quien murió asesinado en el municipio de Nuevo Ideal a manos de unos encapuchados. Anduvo indagando la desaparición forzada de su hijo, Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años a quien nunca volvió a ver. El mismo grupo que mató a su hijo fue por él meses después hasta su negocio y ahí don “Polo” se defendió solo, hasta que murió acribillado. ¿Y las autoridades? Bien gracias.

La tolerancia a la desigualdad y a la injusticia ha sido el signo de este sexenio. El llamado a confiar en las autoridades que dizque velan por las instituciones y por la paz ha sido otra cantaleta incumplida, como muchas otras. Los ciudadanos de toda la nación han tenido que tolerar los argumentos que se dicen en los distintos foros con los que el Presidente quiere hacer creer que su gobierno de veras hace hasta lo imposible por preservar la tranquilidad al combatir a  los criminales. Pero al mirar lo que sucede en el entorno de cualquier lugar de México con respecto del crimen, la gente se da cuenta que todo es retórica.

Movimientos ciudadanos y pacíficos como el que encabeza el poeta Javier Sicilia –cuyos integrantes reclaman investigar los crímenes, desapariciones forzadas, torturas y extorsiones de las que han sido víctimas miles de gentes inocentes, a causa de los abusos cometidos por agentes el gobierno civiles y armados con el pretexto de andar persiguiendo a las bandas del crimen organizado–, sólo han sido ‘bateados’ por el gobierno federal.

Por ello un grupo de académicos, intelectuales y periodistas andan en busca de otras alternativas fuera de México ocurriendo incluso a tribunales como el de La Haya, para tratar de frenar tanto baño de sangre y tantos abusos de las autoridades civiles y militares que con el pretexto de la guerra contra las mafias cometen contra la ciudadanía inerme, y acaban siendo protegidos por el vergonzoso manto de la impunidad. Prospere o no el intento, son caminos que para algunos grupos hay que agotar.

Los mexicanos no tienen otra alternativa que empezar a organizarse en serio para impedir el avance de la criminalidad que el gobierno no quiere o no puede frenar. El pueblo no puede conformarse con escuchar las voces oficiosas que defienden por un lado la fallida estrategia de guerra presidencial y por otro lo que augura el propio mandatario panista de que la violencia seguirá aún después de que termine su sexenio. No se trata de destinos manifiestos. Se trata de detener el baño de sangre que ahoga al país. Los mexicanos están hasta la madre de que el país esté en manos de la criminalidad. Y algo urge hacer.

pcardenascruz@yahoo.com.mx

Mala tarde en Hermosillo; sigue el SME

PAULINO CÁRDENAS

Además del caso de la guardería ABC, otro asunto que está a punto de tronarle al presidente Felipe Calderón es el de los trabajadores huelguistas de hambre del sindicato de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, encabezados por quienes tienen mayor tiempo sin probar alimento, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, quienes de un momento a otro podrían morir.

La visita que el presidente Felipe Calderón hizo el martes pasado a Hermosillo después de 13 meses de sucedida la tragedia de la guardería ABC, se convirtió en un sólo clamor: ¡Queremos justicia¡. El jefe del Ejecutivo sabía que se hallaría con esa demanda de la sociedad sonorense.

Por eso no quiso que hubiera prensa en las reuniones privadas que sostuvo con los padres de familia de los 49 bebés fallecidos y de otros 74 que quedaron dañados en su salud o marcados por el reto de su vida por las quemaduras que sufrieron aquel 5 de junio de 2009.

De cualquier modo los reporteros obtuvieron testimonio de algunos de los padres dolidos, que con coraje y sentimiento, se animaron a increparle al Presidente el desdén de él y su gobierno por no señalar culpables de esa tragedia, y que al no recibir respuesta del mandatario, decidieron retirarse del recinto donde acudieron 130 padres, madres y familiares de las víctimas.

Un dato que da idea del temor que había de enfrentarse  a los indignados deudos, y de que los reclamos trascendieran a la opinión pública a través de los medios de comunicación, fue el hecho de que al recinto deonde se celebraron sendas reuniones, a los convocados no les permitieron entrar con celulares y se vieron  obligados a pasar por el cerco  que les impuso el Estado Mayor Presidencial para ingresar al recinto, arguyendo razones de seguridad.

Calderón les ofreció una serie de ayudas las cuales ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Aunque algunos padres de familia estuvieron de acuerdo con esas ayudas –que fueron en esencia económicas y de asistencia médica–, la sociedad sonorense le sigue exigiendo que al margen de ello, se debe destituir a funcionarios y meter a la cárcel a quienes resulten culpables de esa tragedia que enlutó a todo México.

Abraham Fraijo, padre de Emilia quien falleció ese 5 de junio –que no asistió a la reunión por encontrarse en la ciudad de México preparando un juicio ciudadano que interpondrán el próximo 5 de septiembre contra los funcionarios involucrados directa o indirectamente en la tragedia de la guardería ABC–, acusó al Presidente de tratar de “comprar” el silencio de los padres.

Dijo que no había cumplido con la exigencia de que la charla que se celebraría en Hermosillo fuera pública. “Lo del decreto es una cortina de humo, está cumpliendo no con las exigencias, sino con los deberes que tuvo que cumplir hace un año. Queremos justicia”, expresó. Por su parte, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio, le preguntó a Felipe Calderón para él qué era justicia y como no le respondió, ella le increpó:

“Para mí justicia era que la persona que estaba sentada a su izquierda, (Daniel Karam director del IMSS), fuera destituida; para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y Transportes) lo destituya de su puesto y se le procese penalmente, al igual que al ex gobernador Eduardo Bours”.

Agregó: “Para mí justicia es que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel; que Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez (socios propietarios de la guardería) vayan a la cárcel”., refiere la crónica de la enviada Claudia Herra y el corresponsal Ulíses Gutiérrez, publicada en La Jornada de ayer.

Pero el presidente Calderón deberá enfrentar de un momento a otro la reacción de la clase trabajadora al desenlace que pudiera tener y que pudiera ser fatal, respecto de los huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que parmanecen en huelga de hambre en el zócalo de la capital del país, por dos de los cuales, Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra, se teme por sus vidas. El primero tenía hasta ayer 88 días de ayuno, y el segundo 84 días en huelga de hambre.

Ambos han negado que el gremio o sus líderes los estén utilizando como ‘carne de cañón’ para su movimiento. El conflicto entre ese sindicato y el gobierno federal sigue. Y ya el líder de Atenco, Ignacio del Valle, anunció que se sumará con sus huestes en la lucha que continúan los trabajadores electricistas del SME y que han señalado que no cejarán hasta que les sean reconocidos sus derechos laborales y constitucionales.

Si fallace alguno de ellos, como supondría la lógica, será otro duro golpe contra el jefe del Ejecutivo de cara a la sociedad en un hecho que alcanzará repercusión internacional,  más allá de la fama que se llevará cuando deje el cargo, de haber echado a la calle a más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico cuado pregonaba que sería el ‘Presidente del empleo’.

Guardería ABC, otro crimen sin castigo

PAULINO CÁRDENAS

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría por pronunciarse sobre las responsabilidades de gravedad del caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, decisión con la que muchos creerían que pudieran iniciarse procesos judiciales contra los presuntos responsables de la tragedia, la realidad es que todo parece indicar que la muerte de los 49 bebés muertos y los 75 que resultaron con daños irreversibles, acabará quedando cubierto por el vergonzante manto de la impunidad.

Sería otro crimen sin castigo, porque lo que dictamine la Corte no es vinculatorio con lo que pudieran hacer o no en este caso las autoridades. Es decir es una suerte de dictamen que no obliga a ninguna autoridad a iniciar un proceso de cualquier tipo, incluso penal, contra los involucrados, y de acuerdo a la Constitución sólo constituye un informe en el que se mencionan las personas que estuvieron involucradas en los hechos. De esta manera, es muy probable que los presuntos culpables pudieran seguir en la impunidad.

A un año de los trágicos acontecimientos que se cumple mañana sábado, ningún alto funcionario ha sido castigado pese a que el ministro encargado de la investigación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que sí se registraron violaciones graves a las  garantías de los inocentes. Su dictamen pasará a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para que la resolución sea aprobada, se requieren los votos al menos seis de los once ministros. Hay 19 señalados como presuntos culpables.

En este mismo mes los ministros habrán de pronunciarse sobre el caso, y se sabrá así si La Corte aprueba el dictamen del ministro Zaldívar. Aún en caso afirmativo ello no es garantía para que pudieran iniciarse procedimientos jurídicos contra los presuntos responsables. Los señaldos son el ex gobernador, Eduardo Bours Castelo, así como quien fuera su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y su titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani. También está en la lista el ex alcalde Ernesto Gándara.

Por parte del gobierno Federal se halla el ex director general del IMSSS y actual titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. El ministro Zaldívar añadió en la lista al actual director del IMSS, Daniel Karam, quien tomó posesión después de la tragedia cuando el otorgamiento de las concesiones de la gurardería ya estaban dadas. Es probable que además de Molinar Horcasitas, en las indagatorias pudiera incluirse al también ex director del Seguro Social, Santiago Levy.

Hay otros funcionarios señalados, como el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medios después del siniestro. A esta última se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

El pasado miércoles por la tarde el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos a un grupo de  padres de los niños que fallecieron en el incendio y de los que salvaron la vida pero quedaron marcados para siempre con quemaduras y afectados de sus pulmones por aspirar aire caliente. Hubo quienes decidieron no asistir a la casa presidencial porque dijeron que el Presidente no ha mostrado voluntad para resolver el caso y menos para castigar a los verdaderos culpables.

Al final de la reunión en Los Pinos se anunció que Calderón si asistirá a Hermosillo próximamente, reclamo que le venían haciendo los deudos de los bebés desde hace casi un año. Parte de quienes declinaron la invitación exigen la destitución, inhabilitación y enjuiciamiento penal de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno presuntamente culpables de la tragedia.

Muchos apuestan a que, conociendo la forma de cómo se hace justicia en México, el caso de la guardería ABC acabará quedando bajo el abominable manto de la impunidad. Sería otro crimen más sin castigo.