PAULINO CÁRDENAS
El gobierno que encabeza Felipe Calderón niega que la política de seguridad y la lucha que emprendió contra los cárteles de la droga y los capos del crimen organizado no constituyen un crimen internacional ya que sus acciones están apegadas a derecho, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la demanda que será interpuesta el 25 noviembre en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el mandatario panista y varios de sus colaboradores e incluso contra capos como Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, líder del cártel de Sinaloa.
Otros de los funcionarios del gabinete calderonista que serán acusados son Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; los secretarios Guillermo Galván Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez Mendoza, de la Marina-Armada de México, y otras autoridades civiles y militares, así como narcotraficantes de los divesos cárteles que operan en México, que resulten responsables de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos que se han dado en México durante la presente administración por esa lucha armada.
Un grupo de académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, se avocó a recopilar información e integrar la demanda que será presentada en la Corte Penal Internacional, interpretando el sentir de decenas de miles y seguramente millones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por esa guerra o que están hartas de tanto baño de sangre, por una estrategia que no ha querido ser cambiada por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, contra quien están emplazadas principalmente las baterías en torno a ese pliego acusatorio.
Arguyen los promotores de ese juicio que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”. Añaden: “Existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.
Además de señalar –en un documento que se hizo público esta semana–, que Calderón “ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica” y que “es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades”, hacen un recuento de esta controvertida política de Estado y de sus consecuencias.
En el mismo se señala que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano emprendió la lucha contra las mafias, “ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos. Agregan que tan sólo en cuatro años en México se han registrado más muertes y crímenes de guerra que en los conflictos armados emprendidos por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán.
La narcoguerra ha dejado alrededor de 120,000 personas desplazadas debido a la violencia generalizada en el país, expresa el documento y añade que la situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable y dan esta cifra: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a través de un comunicado que se ha impulsado la protección de los derechos humanos con la promulgación en junio pasado de una reforma, con la que se da rango constitucional a todos los tratados internacionales en la materia ratificados por México. “El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos”.
Afirma que las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad están enfocadas en detener a las organizaciones criminales y evitar la violencia que generan en el país. El gobierno calderonista cree que no procederá en la Corte de La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad. Los demandantes consideran que sí. Mientras tanto, el número de muertos por esa guerra se sigue incrementando en el país.
En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html se continúan recibiendo firmas de adhesión a este juicio en contra de esa guerra y sus consecuencia y contra quienes resulten responsables, bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.
pcardenascruz@yahoo.com.mx
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